La cadena productiva de la yerba mate llevó sus conflictos internos hasta la Cámara de Diputados durante una jornada de debate este jueves. Representantes de distintos eslabones de la industria yerbatera comparecieron para exponer posiciones antagónicas respecto al futuro regulatorio del sector.
Los productores agrícolas presentaron un reclamo específico: que se devuelvan las facultades al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), organismo que consideran fundamental para ordenar el mercado y proteger sus intereses. Argumentaron que la intervención estatal es necesaria para fijar precios justos y garantizar condiciones equitativas en la comercialización de la materia prima.
Por su parte, los molineros —empresas dedicadas a la transformación y procesamiento de la yerba— esgrimieron una perspectiva opuesta. Estos industriales defendieron un modelo de menor regulación estatal, planteando que la desregulación permitiría mayor competitividad y eficiencia en sus operaciones. Sostuvieron que las restricciones actuales limitan su capacidad de innovar y expandirse en mercados nacionales e internacionales.
El encuentro parlamentario reflejó la profunda división que atraviesa a la actividad yerbatera argentina, donde distintos actores económicos mantienen visiones irreconciliables sobre cómo debe organizarse el sector. Mientras los productores primarios apuestan a una institucionalidad más fuerte, los transformadores prefieren reducir las restricciones normativas.
Esta divergencia representa un desafío importante para las autoridades legislativas, que deberán evaluar cuál enfoque beneficia más al conjunto de la cadena de valor y, en última instancia, a los consumidores y la economía regional. La yerba mate sigue siendo un producto de relevancia estratégica para varias provincias del nordeste argentino, por lo que cualquier decisión en materia regulatoria tendrá consecuencias significativas en el empleo y la producción local.
Imagen: Masha / Unsplash – Con informacion de Clarín Rural
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